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Violencia y feminicidios principal problema afecta mujeres dominicanas
La integración del sistema de atención a la violencia contra la mujer, es el principal desafío a superar en las instituciones del Estado con responsabilidad en este problema social, principalmente en sectores Salud, Educación y Justicia.
Así lo plantea el documento de análisis “Sistema de atención a la violencia contra las Mujeres: Alcances y Desafíos”, elaborado por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC).
El estudio evalúa las acciones al respecto -publicado en ocasión del Día Internacional de la Mujer- en el cual se considera la violencia y los feminicidios como uno de los principales problemas que la afectan en estos momentos.
“Durante más de cinco años consecutivos, el país ha registrado un promedio de 200 feminicidios por año, lo cual, sumado a otras evidencias respecto a los asesinatos de mujeres cometidos dentro y en el entorno al ámbito doméstico, posicionan a la República Dominicana como el de mayor prevalencia entre cuarenta países del continente americano”, explicó Lourdes Contreras, directora del CEG. (Foto/Ferran Jorda)
El país registra avances en asumir el tema como parte de la agenda pública, pero retrasos en la atención integral al mismo, impiden enfrentar adecuadamente el problema.
Hace ya unos 15 años fue creada la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI) y hace poco más de una década, fue definido un Modelo Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, pero aún estamos lejos de la prevención y de la promoción de una vida sin violencia.
La violencia contra la mujer es un problema de salud pública, declarado como tal por la Organización Panamericana de la Salud en la década de los noventa. Desde el año 2001 existen las Normas Nacionales para la Atención Integral en Salud de la Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra la Mujer, pero en 2012 solo 60 médicos fueron capacitados en ellas.
“Es innegable que estamos frente a un problema que desde hace tiempo pasó a integrar la “Agenda Pública”, pero la lentitud y debilidad en la acción de las instancias garantes de derechos de las mujeres, llama a cuestionamiento es si realmente la violencia contra las mujeres forma parte de la “Agenda Gubernamental”.
Entendiéndola más allá de la retórica presidencialista y concretada en un conjunto de acciones articuladas, priorizadas y dirigidas a impactar sobre el fenómeno. La acción de todas las instituciones debe articularse alrededor de cada caso pero también de la problemática, con la correspondiente asignación de recursos para su ejecución”.
Eduación
El alcance en el abordaje del fenómeno de la violencia por parte del sector educativo resulta en un balance negativo en la medida que reproduce los estereotipos que perpetuán la violencia contra las mujeres y contribuye a que nuestras nuevas generaciones no trasciendan la visión androcéntrica y no haya desmonte de la masculinidad agresora.
Salud
Las mujeres no disponen de servicios de atención integral que asuma la violencia como causante de deterioro de la salud de las personas.
El sistema de salud genera oportunidades perdidas para intervenir con acciones preventivas, detectando, registrando, notificando los casos y ofreciendo la atención y/o referencia acorde a lo establecido en las normas y protocolos correspondientes.
La violencia institucional está presente, sobretodo en el ámbito de la salud sexual y la salud reproductiva, obedeciendo a las normas sociales del sistema patriarcal que establece el control del cuerpo de las mujeres socavando su autonomía física.
La violencia contra las mujeres no es registrada en los servicios de salud, ni diagnosticada; por lo tanto para fines estadísticos no existe.
Justicia
El sector justicia ofrece a las mujeres un limitado acceso para ejercer su derecho a disponer de servicios y protección judicial. Muestra de ello es que un promedio nacional de unas 60 mil denuncias de violencia de género son recibidas anualmente y solo alrededor del 4% llega a los tribunales.
Las mujeres se ven compelidas a abandonar el proceso legal debido a múltiples factores, entre los que se destacan las barreras del propio sector para acceder a los servicios. A lo interno del Ministerio Público, cuando las mujeres desisten, existe incapacidad para dar continuidad a los casos denunciados, algo mandatorio por tratarse de hechos de orden público, en que las acciones legales deben continuarse hasta que se produzca una sanción en contra de los agresores.
El documento estará descargable en la página web del INTEC
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