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Autoridades acuerdan respetar derechos de trabajadores sexuales
Varias autoridades y organizaciones que debatieron la situación de grupos vulnerables acordaron -mediante un documento- el respeto de los derechos de las trabajadoras sexuales, la garantía de su acceso a los servicios de salud, entre otros puntos.
El documento que fue firmado por el Instituto de Dignidad Humana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) de la Policía Nacional junto a la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA y el Fondo de Población de las Naciones Unidas; incluye el compromiso de capacitar y sensibilizar a policías y fiscales sobre los derechos de estos grupos y que hacen trabajo sexual.
Se establece en dicho acuerdo igualmente favorecer la creación de empleos, la promoción de políticas públicas para la prevención y atención de la violencia basada en género contra estas personas.
Por la sociedad civil firmaron el acuerdo el Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu), encabezada por su directora Jaqueline Montero, la figura pública más importante de las trabajadoras sexuales, la Comunidad Transexual, Trasvestis, el COIN y la organización internacional Healt Policy Project.
Jaqueline Montero -dirigente del Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu)- que agrupa trabajadoras sexuales, firmó el acuerdo, junto a Santo Rosario, del COIN y el coronel José Francisco García, director ejecutivo del Instituto de Dignidad Humana de la Policía Nacional.
El acuerdo se produjo al finalizar un evento realizado en el Auditorio Caribeño de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, como parte del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables con una nutrida concurrencia de mujeres y hombres que hacen trabajo sexual.
En el salón se sentía una alegría inusual compartida por las mujeres y hombres que han sufrido mucha represión de parte de autoridades motivadas por el prejuicio.
A lo largo de las exposiciones se denunciaron los malos tratos, golpizas, arrestos arbitrarios y el trato muchas veces impropio a esas personas llevadas bajo arresto, por parte de las autoridades judiciales y particularmente de fiscales y en algunos casos magistrados y magistradas del sistema judicial.
En la actividad estuvieron presentes mujeres que hacen trabajo sexual en lugares públicos, incluyendo avenidas de mucho tránsito, así como hombres (tanto gays, transexuales como hombre que tienen sexo con hombres a cambio de un pago) también estuvieron presentes, así como ejecutivos de instituciones que impulsan este proceso de defensa, tanto entidades nacionales como internacionales.
Las entidades firmantes se comprometen a impulsar el proyecto de ley de No estigma y Discriminación a las trabajadoras sexuales, la comunidad gay (GLTB) y a quienes viven con VIH-SIDA, además de crear una comisión de la llamada “veeduría social” sobre trabajo sexual y derechos humanos.
Se establece igualmente en el acuerdo que se promoverá el acceso, libre de estigma y discrimen a la educación y la salud a estas poblaciones, al tiempo de que se apoyarán programas y proyectos de oportunidades de empleos para las y los trabajadores sexuales.
Víctor Terrero -director ejecutivo del CONAVIHSIDA- anunció que se tiene todo listo para el sometimiento al poder legislativo del proyecto de Ley de No Discriminación, que establecerá sanciones y penas para las personas o instituciones que practiquen discrimen contra determinados grupos en base a su orientación sexual.
Explicó que se han hecho los contactos con diputados y senadores y se ha concluido la redacción del anteproyecto para que sea parte de la historia nacional la etapa en que se discrimine, tanto en el trabajo, la comunidad o los servicios de salud, a las personas por su color, su orientación sexual y otras condiciones.
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