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¿Puede autofinanciarse la Universidad Autónoma de Santo Domingo?
La Universidad Autónoma constituye el espacio de redención de los hijos de esta patria desposeídos de bienes materiales; fuente donde tienen la oportunidad de abrevar la savia del conocimiento y superar la peor de las pobrezas que constituye la ignorancia.
Proponer que sean los estudiantes los que financien la educación superior, es pedir que ella se privatice. Sería retroceder a la educación de élite, tirar por la borda las conquistas alcanzadas con sacrificio y sangre y negar el derecho a la educación a miles de jóvenes.
(Lea este análisis del profesor universitario Mateo Aquino Febrillet)
Esta institución experimentó, entre los años 1961 al 1966, el conjunto de reformas y reivindicaciones sociales que iniciaron en Argentina en 1918 impulsadas por las luchas estudiantiles. De la acción popular en la lucha contra Trujillo y en la revolución de abril del 65, devino el modelo de universidad abierta, popular, plural, democrática y crítica. No ha sido una concesión gratuita.
El compromiso del Estado para financiar la educación está en la Constitución y en las leyes dominicanas; en las declaraciones emitidas por las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno realizadas desde 1991 y en acuerdos firmados con organismos multilaterales como la Conferencia sobre Educación Superior de UNESCO, realizadas en 1998 y 2009.
Se reconoce que los últimos gobiernos han hecho importantes inversiones directas en la estructura física de la UASD, pero ninguno ha cumplido con la Ley de Autonomía. Ahí está la deuda acumulada cercana a los 20 mil millones, lo que ha representado para los universitarios el sacrificio de su calidad de vida para que ella funcione.
Hoy, la UASD recibe aproximadamente 53 pesos diarios por estudiante, equivalentes a 1.43 dólares, para cubrir pago de profesores y empleados, materiales, servicios, entre otros gastos indispensables.
Como consecuencia, la Institución acumula un conjunto de deficiencias derivadas en buena parte por el incumplimiento referido, y también, por deficiencias gerenciales y el debilitamiento progresivo de su institucionalidad.
Hay retos en materia de pertinencia, calidad, eficiencia, cobertura, transparencia, y muchos más, que deben ser enfrentados con grandes transformaciones y grandes financiamientos: Pasar de una cobertura de 25% actual a 50%; de un 0.7% del PIB a 2.2 % en el financiamiento público; de 60 a 25 estudiantes por sección; de 0.01% a 3% la inversión en investigación, entre otros, asumidos por la propia MESCYT.
Son inaceptables, sin embargo, planteamientos formulados por algunos sectores sociales como los siguientes: “debe ser la misma UASD la que genere la mayor parte de los fondos para su sustentación”; “Los recursos para financiar estas instituciones deberán provenir de los y las estudiantes, cada uno de acuerdo con su situación económica y el resto el Estado”.
Tenemos que llegar a UN PACTO SOCIAL POR LA UASD, con todos los sectores internos y externos, a fin de corregir sus deficiencias y emprender las transformaciones que la coloquen en condiciones de que siga “constituyendo una fuente de talentos e iniciativas enfocadas al desarrollo nacional”.
MATEO AQUINO FEBRILLET
El autor es profesor universitario.
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