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Piden priorizar gasto público para vivienda en República Dominicana
Oxfam y Casa Ya lanzaron la campaña “Uno para Todos y Todas por el Uno” con el fin de instar al gobierno dominicano que destine el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a vivienda por un período de 10 años.
Con esta inversión se lograría solucionar carencias de viviendas que sufre el 71% de la población priorizando a las familias damnificadas.
Ambas organizaciones aseguran que la inversión pública en materia de vivienda en la República Dominicana ha ido en picada en los últimos años, rondando en un 0.06% del PIB entre 2008 y 2016; y enfatizan en que se ha mantenido una tendencia a reducirse, siendo el presupuesto aprobado en ese renglón para el año 2017 de apenas 0.03% del PIB.
“El presupuesto de todo país es la mejor herramienta que tienen los gobiernos para reducir las desigualdades, para ello debe redistribuir la riqueza y garantizar derechos, priorizando a las personas más vulnerables”, afirman.
Tras un análisis del presupuesto nacional, identificaron que 2.2% del PIB se malgasta y podría destinarse a garantizar derechos; solo en el año 2017, este monto asciende a más de RD$ 80.000 millones.
“Con tan solo la mitad de lo calculado actualmente que se malgasta en corrupción, botellas, propaganda, entidades duplicadas y otros rubros, se podría invertir 1% del PIB para reducir las carencias habitacionales que profundizan las desigualdades, priorizando familias que están desde hace décadas en condición de damnificadas”, declaran.
Las carencias están claramente planteadas por la Oficina Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Las mediciones de ambos organismos oficiales, se han realizado los cálculos para determinar la inversión necesaria para solucionarlas.
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“La garantía del derecho a la vivienda, consagrado en la Constitución dominicana, está a la distancia de un 1% de inversión continua durante 10 años que, según demuestran los cálculos realizados, basta con que exista voluntad política” explican.
Afirman que esa voluntad política debe priorizar a esas más de dos mil familias damnificadas que desde hace décadas, esperan la respuesta del Gobierno, en una condición provisional que se ha convertido en permanente.
Familias que viven en condiciones de déficit habitacional extrema; prácticamente sin agua potable, sin sanitarios, con precarias o inexistentes instalaciones eléctricas y otras situaciones que les condenan a la reproducción de la pobreza.
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