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Pandemia de estafas financieras con criptomonedas en RD
Las estafas financieras requieren principalmente de abogados, miembros del Ministerio Publico y Jueces que manejen muy bien los temas financieros, porque son materias especializadas, delitos complejos nuevos, leyes especiales, poco manejados por muchas fiscalías que
Ante la avalancha de casos por estafa financiera que ha dejado sorprendidos a la ciudadanía, fue necesario crear la «Dirección Nacional de Persecución de Delitos Financieros«.
Para enfrentar este tipo de estafa, se requiere principalmente de abogados, miembros del Ministerio Publico y jueces que manejen muy bien los temas financieros, ya que son materias especializadas, delitos complejos nuevos, leyes especiales, poco manejados por muchas fiscalías. Así lo explica Amadeo Peralta, jurista experto en fraudes, estafas, falsificaciones, delitos financieros y criptomonedas.
En un artículo que nos envía -que pueden leer más abajo- el experto en delitos financieros, enfatiza algo muy importante: «Si las víctimas no se querellan de manera formal, no pueden esperar que su caso se resuelva por arte de magia».
Los años 2022 y 2023 a juzgar por los tantos casos de denuncias de estafas financieras, sumado con altísima cantidad de estafados y los elevadísimos montos envueltos en esos tumbes que oscilan los cinco mil millones de pesos, y la muy escasa atención estatal debe llamar la atención de las autoridades monetarias y financieras, así como del organo persecutor que es el ministerio público y a los jueces que manejan estos casos para frenar de golpe el efecto nocivo que se ha convertido en una verdadera pandemia de estafas financieras con criptomonedas en el país que todas terminan robándose el patrimonio de sus víctimas.
Quienes analizaron las debilidades de nuestras leyes, vieron en constituir sociedades fantasmas como puestos de bolsas de valores para ofertar la compra y venta de criptomonedas y ofrecer jugosos intereses que llegaban desde un 12 hasta un 16% mensual, lo que motivo que miles de personas recurrieran a realizar hasta préstamos bancarios, otros a poner sus vehículos en garantía de préstamos para llevarle ese dinero a sus verdugos y resultar en poco tiempo envueltos en un sistema piramidal en el cual cobraron los primeros meses de intereses de su propio dinero invertido y luego, «fuaaaa…», desaparecieron.
Las criptomonedas y los activos virtuales no están autorizados conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera, núm.183-02 del 21 de noviembre de 2002, ni por la ley Núm. 249-17 del Mercado de Valores de la Rep. Dom. Por lo tanto, no cuentan con el respaldo del Estado para su emisión y utilización como medio de pago para realizar transacciones de ningún género en la República Dominicana. (Lea el artículo completo)
Su efectividad o su uso en nuestra economía no puede ser garantizada, ni ninguna persona está en la obligación de aceptarlos como forma de pago de bienes o servicios prestados.
Toda persona que adquiera este tipo de activo virtual sea a modo de inversión o con el interés de usarlo como medio de pago, así como cualquiera que los acepte como forma de pago en transacciones comerciales, lo hará a su solo riesgo.
Si una víctima se fuera a querellar contra las entidades y personas que recibieron sus depósitos, tiene que tener pendiente que si la querella está encabezada como estafa, este delito prescribe a los dos años, eso quiere decir que el delito prescribe y deja de existir, a menos que se utilicen otras figuras jurídicas más fuertes.
Para frenar esta pandemia es necesario, primero que el Ministerio Publico aumente su capacidad operativa, logística, de personal y recursos para perseguir y procesar estos casos con más celeridad.
También es necesario que el Congreso Nacional actualice ya el Código Penal Dominicano, que traerá penas de hasta 20 años de prisión por estas piramidales y es necesario que los jueces apliquen todo el peso de la ley en los procesos sometidos a su decisión y que tengan presente que los infractores utilizan todo tipo de maniobras fraudulentas a veces hasta con apariencias de legalidad, para facilitar sus actos delictivos y que se agilicen los procesos.
Lo mismo les toca a las víctimas, de llevar sus casos hasta las últimas consecuencias para poder cobrar y no pensar que con denuncias en redes sociales ya van a cobrar sin apoderar un abogado que lleve bien su proceso.
¿Que opinas?
