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Odebrecht continúa abusos contra trabajadores en Punta Catalina

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Odebrecht continúa abusos contra trabajadores en Punta Catalina

El Consorcio Odebrecht -Tecnimont Estrella continúa con el desahucio irregular de trabajadores, dando por terminado el contrato de otros 20 soldadores especializados, 12 meses antes de lo estipulado sin pagarles las compensaciones laborales que les corresponden.

Los trabajadores detallaron que fueron contratados en Colombia como soldadores industriales para trabajar en el proyecto Punta Catalina con un salario de US$1400 mensuales y un contrato que les garantiza permanecer en sus labores por un periodo de 20 meses.

Estos trabajadores se suman a otros 53 que fueron cancelados en mayo y que interpusieron una demanda contra el Consorcio Odebretch, la CDEEE y la empresa reclutadora RATZ Consulting por desahucio irregular, en la que reclaman el reintegro a sus puestos de trabajo, el pago de los salarios y derechos adquiridos y reparaciones por daños y perjuicios.

Lionel Correa Tapounet -abogado de los demandantes- sostuvo que “estos trabajadores fueron contratados por un periodo de 20 meses, por lo tanto debía garantizarse ese período a menos que hubiera algún incumplimiento o falta por parte del trabajador, que no la hubo”.

Odebretch y Punta Catalina son una vergüenza para el país porque no solo han sobrevaluado las plantas sino que roban el salario de trabajadores que han dejado sus familias y se han visto obligados a trabajar sin las condiciones de seguridad que ameritan labores tan peligrosas” afirmó.

Detalló que Odebretch trata de utilizar la figura del desahucio para evadir la responsabilidad de pagar los contratos completos, por lo que procederán a demandar en nulidad del desahucio y en reparación por daños y perjuicios.

Informaron que interpondrán una demanda por US$392,000.00 por prestaciones laborales, más US$100,000.00 para cada trabajador por daños y perjuicios, lo que asciende a US$2.4 millones.

Los desahuciados en mayo pasado interpusieron una demanda que en conjunto asciende a US$7 millones de dólares. La audiencia de fondo fue reenviada para el 28 de septiembre a petición de los abogados de la defensa del Consorcio.

Según los abogados, los 53 trabajadores fueron desahuciados por reclamar sus derechos en materia de seguridad laboral y las condiciones de seguridad prometidas al momento de contratarlos.

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