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Cientos de quejas por ‘multas fantasmas’
Cada día decenas de personas acuden a los tribunales de tránsito y a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), antigua Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), a quejarse por multas que tienen registradas, y aseguran no las han cometido.
Los conductores, según El Nacional, tanto de transporte público como privado invaden el primer nivel del edificio ubicado en la avenida V Centenario, muchos con 10, 12, 15 y hasta 40 infracciones registradas en el sistema de la Digesett, multas que algunos las califican de “fantasmas”.
Mientras que un estudio realizado el pasado año reveló que menos del 10% de esas infracciones se logra cobrar, por lo que el Estado deja de percibir más de 500 millones de pesos cada año.
Uno que otros reconocen que en una o dos ocasiones han sido sancionados por agentes del tránsito por diferentes violaciones, pero que al llegar a Digesett a tramitar el pago correspondiente se encuentran con múltiples violaciones a la Ley de tránsito 63-17.
Los afectados tienen que presentarse ante el fiscalía de transito de Digesett, que generalmente ordena pagar a los infractores el 50 por ciento del monto monetario establecido por las autoridades. En caso de que el conductor no esté conforme con las multas que tienen registradas, apela y sus quejas son conocidas por el tribunal de tránsito del lugar.
Fichados
El principal problema que enfrenta los afectados, no es ni siquiera las multas, sino, que con son prácticamente fichados, ya que la Procuraduría General de la República no les emite el papel de buena conducta hasta que dicho compromiso no sea saldado en el Banco de Reservas.
En tal sentido, acusaron a los agentes de esa institución de imponer multas inexistentes con el simple propósito de aumentar las recaudaciones tributarias del Gobierno.
El pasado año, como forma de agilizar los procesos, Digesett conjuntamente con la Procuraduría y Banreservas, elaboró un sistema automatizado para simplificar el proceso de pago de infracciones de manera que tan pronto sean pagadas, se elimine del sistema al instante.
Muchos casos descritos por sus propios actores parecen sacados de una película de ciencia ficción. Por ejemplo: Noel José Guerrero Frías, de 19 años, acudió a la Procuraduría a solicitar una certificación de buena conducta para fines laborales, pero ese órgano rector se negó a emitirlo, porque el joven figura con dos multas, a pesar de que todavía no posee licencia de conducir ni sabe manejar.
“Yo no tengo licencia ni nada, yo nunca he manejado ni bicicleta. Yo fui a Procuraduría buscar en papel de buena conducta para trabajar en una empresa, pero al no darme el papel la empresa no me nombró. Eso es un abuso, porque me están quitando la oportunidad de yo trabajar“, expuso el joven residente en Los Alcarrizos.
Otros testimonios
Para Jonathan Cristino González la situación no es diferente y dice sentirse frustrado, ya que obtuvo su licencia en el 2013, pero cuando fue a renovarla le aparecieron tres multas las cuales supuestamente fueron cometidas en el 2008.
A pesar de que procedió a pagar la mitad de la multa, este empleado privado, critica que los agentes de Digesett estén aplicando multas sin ninguna regulación, acción que la vincula a la intención del Gobierno de recaudar más dinero para el fisco.
Otra experiencia es la del conductor Rosario De D’Oleo Amador, quien a pesar que pagó cuatro multas en enero pasado, cuando fue a renovar su licencia las mismas todavía aparecen registradas en el sistema.
“Yo no voy a pagar esa vaina, y a pesar de que tengo mis volantes de pago, la fiscal de aquí me dice que tengo que pagarla de nuevo, eso es un abuso”, apuntó.
Otro que se queja es Pablo Castillo, quien figura con 42 multas, recuerda haber cometido una sola infracción. “Yo ando en las calles en una guagüita de esa platanera, y para mí es difícil, porque no he cometido esas faltas”, dijo el Castillo, de 64 años de edad.
EL DATO
Ley 63-17
Cuanto esta ley entre en vigencia en su totalidad el monto mínimo de las multas de tránsito será de cinco mil 100 pesos, lo que con estas denuncias agravaría la situación de los afectados.
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